Inauguró Gobernador edificio del Instituto de la Defensoría Penal Pública en Amealco de Bonfil
En beneficio de más de 90 mil habitantes de los municipios de Amealco de Bonfil y Huimilpan, el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién inauguró el edificio del Instituto de la Defensoría Penal Pública que se ubica en Amealco de Bonfil.
El mandatario estatal señaló que este Instituto representa el acceso a una defensa técnica, adecuada y gratuita para las comunidades indígenas, pues contará con defensores públicos calificados e intérpretes.
“En Querétaro implementamos el nuevo sistema de justicia penal acusatorio con una firme convicción: garantizar una justicia cercana y totalmente transparente; justicia para todos y sin pretextos. La inauguración de este edificio del Instituto de la Defensoría Penal Pública representa un paso firme en esta tarea”, expresó
Domínguez Servién destacó el modelo de operación Cosmos de la defensa pública, el cual garantiza la calidad en el servicio, porque desarrolla competencias especializadas en los abogados defensores y brinda una solución legal a cada caso planteado.
“Porque los casos se resuelven con justicia alternativa hasta en un 93%, porque los casos se resuelven a la tercera intervención técnica del abogado hasta en un 87%”, indicó.
El secretario de Gobierno de la entidad, Juan Martín Granados Torres informó que en el municipio de Amealco de Bonfil se invirtieron más de 13.5 millones de pesos en el Instituto y en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que conjuntará los servicios de los evaluadores y supervisores de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) con los servicios de la policía procesal.
Estas instalaciones cuentan con espacios adecuados para el nuevo sistema de justicia penal, como sala de capacitación, sala de audiencias para entrenamiento en juicios orales y áreas de investigación de la defensa, que responden a la visión de una justicia moderna, eficaz y accesible.
En el acto se firmó un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), mediante la cual se busca la representación de personas imputadas que pertenezcan a las comunidades indígenas.
En este sentido, el delegado federal de la CDI Aurelio Sígala Páez destacó que se contará con 15 intérpretes certificados por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), con lo cual se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos.