Antorcha Denuncia Persecución Política
El Movimiento Antorchista Nacional denunció una presunta escalada de persecución política y amenazas contra sus dirigentes en distintas entidades del país, por lo que solicitó la intervención urgente de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos políticos y de organización.
Durante una rueda de prensa, la organización informó que el pasado 27 de octubre una comisión encabezada por Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional, y Maricela Serrano Hernández, coordinadora de los regionales políticos antorchistas, acudió a las instalaciones de la dependencia federal para exigir una respuesta ante las denuncias de hostigamiento, amenazas y presunta fabricación de delitos contra sus integrantes.
Aguirre Enríquez señaló que desde mediados de 2026 se han presentado acusaciones contra representantes de Antorcha en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Querétaro y Puebla, situaciones que, desde la perspectiva de la organización, forman parte de un mismo patrón de intimidación política.
Entre los casos mencionó a César Hernández Olivera, en Oaxaca, quien enfrenta señalamientos presentados por la Comisión Federal de Electricidad; así como a Samuel Aguirre Ochoa, Minerva Salcedo Baca y Miguel Bastién Sierra, en Veracruz, acusados de presunto despojo.
También expuso la situación de Raúl Orión Jiménez García, dirigente estatal en Chiapas, quien enfrenta una acusación por supuesto robo ejecutado.
El vocero nacional sostuvo que las imputaciones carecen de fundamento y aseguró que buscan frenar la actividad organizativa de los dirigentes y evitar que continúen encabezando las demandas sociales de sus comunidades.
En el caso de Querétaro, destacó la situación de Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal antorchista, quien presuntamente ha recibido amenazas de muerte en reiteradas ocasiones, mismas que, aseguró, ya fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes.
La organización consideró que estos acontecimientos representan un atentado contra la libertad de asociación, la participación política y el derecho de los ciudadanos a organizarse para exigir soluciones a sus necesidades.
Por ello, Antorcha solicitó que la Secretaría de Gobernación atienda las denuncias y garantice condiciones de seguridad para sus representantes. Advirtió que, de no obtener una respuesta satisfactoria, integrará comisiones de los estados afectados para solicitar directamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A las denuncias se sumó el conflicto que enfrentan comerciantes del tianguis La Curva, en Puebla, adheridos al movimiento, quienes, según la organización, han recibido amenazas de integrantes del grupo denominado «13 de Septiembre», al que acusan de imponer cobros ilegales por derecho de piso cada domingo, mediante personas que presuntamente acuden armadas a exigir dinero.
Finalmente, el Movimiento Antorchista aseguró que continuará defendiendo a sus integrantes por las vías legales y mediante la movilización social, al reiterar que no renunciará a su derecho de organización ni a encabezar las demandas de los sectores populares.