Activistas exigieron que tanto el poder legislativo como el judicial cumplan con sus responsabilidades y concluyan los procesos pendientes

Colectivas feministas anunciaron que preparan acciones legales y administrativas en contra de integrantes del Poder Legislativo de Querétaro y del Poder Judicial de Querétaro, por las omisiones en el proceso de despenalización del aborto en la entidad, todo ello ante lo que consideran una falta de voluntad política y rezagos injustificados. Cabe aclarar que las activistas señalaron que, pese a las expectativas generadas por la composición política del Congreso local y por la reciente reforma judicial, la agenda de derechos de las mujeres permanece estancada. Así lo expuso Mayra Dávila, fundadora de Adax Digitales, quien acusó una falta de resultados tanto en el ámbito legislativo como judicial. También señaló que se intentó establecer contacto con la presidencia y la secretaría de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, así como con la Mesa Directiva del Congreso, con el fin de colaborar en la localización del dictamen que fue rechazado en la sesión del 30 de octubre de 2025 y que, desde entonces, no ha sido turnado al Pleno. Subrayó que el retraso no obedece a la falta de presión social, sino a la inacción de los propios legisladores. Por ello, Dávila advirtió que la ausencia de plazos claros en la legislación local permite que el dictamen continúe sin resolverse, situación que calificó como preocupante, ya que —dijo— abre la puerta a que el tema se mantenga congelado hasta el cierre de la actual legislatura. De esta forma además criticó lo que describió como una postura ambigua de los partidos políticos, particularmente de la oposición, al considerar que existe un acuerdo implícito para evitar que el debate avance. “En el discurso se asumen progresistas, pero evitan fijar una postura pública cuando llega el momento de decidir”, afirmó. No descartan, dijo que en el ámbito federal, la colectiva también analiza promover acciones ante el Poder Judicial de la Federación, debido a la demora en la resolución de un recurso de revisión relacionado con un amparo previamente ganado. Señalaron que, aunque la ley establece un plazo de 90 días, han transcurrido más de cuatro meses sin que se presente el proyecto correspondiente.