Aún un sin determinar reforma jurídica en Querétaro

Javier López Velarde Luna

A contrarreloj y con más dudas que definiciones, la Reforma Judicial avanza de manera dispareja en el país. Mientras la mayoría de las entidades ya han armonizado sus marcos legales con el nuevo mandato constitucional, Jalisco, Nuevo León y Querétaro siguen en la lista de rezago, a pesar de que el plazo fatal vence en junio próximo. En el caso de Querétaro, el retraso no es menor ni meramente administrativo. Apenas ahora se anuncian mesas de análisis y acuerdos legislativos para homologar la reforma federal con la legislación local, lo que deja ver una resistencia política y técnica a uno de los cambios más profundos al Poder Judicial en décadas. PAN y Morena aseguran estar dialogando, pero el consenso parece frágil cuando temas centrales —como el mecanismo de selección mediante tómbola— siguen siendo motivo de disputa.  Más allá de los discursos de cautela y “respeto a la normatividad”, la realidad es que el tiempo se agota. El decreto publicado en septiembre de 2024 fue claro en los plazos y en la obligatoriedad del nuevo modelo, incluida la elección popular de jueces y magistrados. Postergar decisiones clave no solo coloca a Querétaro en un incumplimiento constitucional, sino que también alimenta la percepción de que hay intereses locales que buscan matizar, retrasar o incluso desfondar una reforma que ya es ley.  El reloj corre y, en política, los retrasos rara vez son inocentes.