Llega tarjeta de salud universal
Aunque muchos detractores del actual gobierno se desgarran las vestiduras por no querer aceptar que la Cuarta Transformación ha cambiado el rumbo del país para bien, ya que estos detractores han acrecentado su odio sobre todo, estimulado por medios de comunicación que han perdido sus privilegios al igual que los partidos ahora de oposición como el PRIAN que incluso, ahora hasta defienden intereses de poder como es la traición para que Estados Unidos invada a México.
Hay que reconocer aunque les duela a algunos, que pocas veces en la historia reciente de México un proyecto político ha sido sometido a un escrutinio tan intenso como la Cuarta Transformación. Desde su origen, fue cuestionada, descalificada y anunciada como fracaso antes de nacer. Sin embargo, a la distancia que da el tiempo y los hechos, el balance no puede eludirse: la Cuarta Transformación no solo prometió cambiar el rumbo del país, lo hizo con obras, decisiones y políticas públicas concretas. Durante décadas, México vivió bajo un modelo que redujo al Estado a un administrador mínimo, dependiente del mercado y complaciente con intereses privados. Infraestructura inconclusa, privatizaciones encubiertas y una política social condicionada marcaron ese periodo. La Cuarta Transformación rompió con esa lógica al recuperar una premisa básica: el desarrollo no se delega, se conduce desde el Estado. Las grandes obras emblemáticas son prueba de ello.
El Tren Maya, más allá de la controversia, integró regiones históricamente marginadas al circuito económico nacional. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, promesa centenaria, dejó de ser discurso para convertirse en infraestructura estratégica. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles demostró que era posible construir sin corrupción ni sobrecostos obscenos. Y la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, corrigió décadas de dependencia energética disfrazada de modernidad. Pero reducir la Cuarta Transformación a concreto y acero sería insuficiente. Su cambio más profundo fue político y social. Por primera vez, los programas sociales dejaron de ser instrumentos clientelares para convertirse en derechos constitucionales. La pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y el apoyo a jóvenes no dependen hoy del humor del gobernante en turno, sino de un mandato legal.
La austeridad republicana, tan criticada por quienes perdieron privilegios, también marcó un quiebre. Se terminó la lógica del gobierno opulento y distante, y esos recursos se redirigieron a quienes históricamente fueron excluidos. No fue un gesto simbólico, sino una redefinición del poder público. Por supuesto, la Cuarta Transformación no fue perfecta. Persisten desafíos evidentes en seguridad, justicia y eficiencia institucional. Negarlo sería caer en propaganda.
Pero tampoco puede ignorarse que, por primera vez en décadas, las promesas de campaña no quedaron archivadas en discursos, sino que se materializaron en políticas y obras visibles. El mayor mérito de la Cuarta Transformación no es haber resuelto todos los problemas, sino haber cambiado las prioridades del país. Donde antes mandaban los intereses privados, hoy manda —con tensiones y resistencias— el interés público. Donde antes se administraba la desigualdad, hoy se intenta combatirla. La historia juzgará con mayor perspectiva este periodo. Pero hoy, frente a los hechos, resulta insostenible la narrativa de que “nada cambió”.
La Cuarta Transformación dejó huella: en el territorio, en la ley y en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Eso, para bien o para mal, ya forma parte del nuevo México.
En este sentido esta semana, el anuncio de la Tarjeta de Salud Universal, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es un hecho menor ni una simple novedad administrativa. Se trata de una definición política de fondo: el intento más claro, en décadas, por convertir el derecho constitucional a la salud en una política pública efectiva y no condicionada por el empleo, la afiliación o la geografía. México ha arrastrado históricamente un sistema de salud fragmentado, desigual y profundamente burocrático. La atención médica ha sido, en la práctica, un privilegio ligado al trabajo formal, mientras millones de personas han transitado entre la informalidad, la atención precaria o el gasto de bolsillo. En ese contexto, la Tarjeta de Salud representa una ruptura conceptual: la salud como derecho universal garantizado por el Estado y no como prestación laboral.
La credencialización nacional, que permitirá atenderse en cualquier institución pública, apunta en la dirección correcta. Unificar registros, integrar expedientes clínicos y eliminar barreras administrativas es una necesidad largamente postergada. La digitalización del sistema y la interoperabilidad entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar son, sin duda, avances que modernizan un aparato público que durante años operó con inercias del siglo pasado. Sin embargo, conviene subrayarlo con claridad: una tarjeta no cura, no opera hospitales ni surte medicamentos.
El riesgo de este proyecto no está en su diseño, sino en su ejecución. La credencial será tan efectiva como lo sea la capacidad del sistema para responder a una mayor demanda de servicios, consultas, estudios y tratamientos. La oposición ha señalado —no sin razón— que persisten problemas estructurales: desabasto de medicinas, déficit de personal médico y saturación hospitalaria en diversas regiones del país. Minimizar estas críticas sería un error. La Tarjeta de Salud no puede convertirse en un símbolo vacío ni en un instrumento propagandístico; debe ser la puerta de entrada a servicios reales, oportunos y de calidad.
Desde una perspectiva de Estado, el anuncio coloca a la administración de Sheinbaum ante una prueba decisiva. Si el gobierno logra acompañar la credencialización con inversión sostenida, planeación territorial y fortalecimiento del primer nivel de atención, el proyecto podría marcar un antes y un después en la historia del sistema sanitario mexicano.
De lo contrario, el desencanto social podría ser proporcional a la expectativa generada. La salud pública no admite medias tintas. O se garantiza con recursos, personal y organización, o se convierte en una promesa incumplida. La Tarjeta de Salud Universal es una apuesta ambiciosa y necesaria; ahora corresponde demostrar que el Estado mexicano está en condiciones de sostenerla. El desafío está planteado. El país observará no el plástico ni el código QR, sino lo que ocurra cuando un ciudadano cruce la puerta de una clínica con la tarjeta en la mano y espere, legítimamente, ser atendido, pero como siempre Usted tiene la mejor opinión.
