MARU CAMPOS: EL DESCONOCER RESPONSABILIDADES

Javier López Velarde Luna

¿Y ahora qué dirán Salinas Pliego, Fox, Alito y los demás que fueron a respaldarla?

El caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la participación de agentes estadounidenses de la CIA en un operativo contra el narcotráfico, ha dado un giro que obliga a revisar sus declaraciones y las de quienes salieron públicamente en su defensa.
En un primer momento, la mandataria defendió los resultados del operativo y sostuvo que lo importante era haber golpeado a los grupos delincuenciales. Sin embargo, cuando la presencia de los agentes extranjeros se convirtió en un problema político y jurídico, la discusión cambió: ahora la gobernadora señala a su exfiscal y sostiene que ella desconocía lo ocurrido.
¿Entonces quién dice la verdad? ¿Cómo es posible que un operativo de semejante magnitud se desarrollara sin que la titular del Ejecutivo estatal supiera de la participación de agentes extranjeros? Y si hubo funcionarios que actuaron sin autorización, ¿quién debe responder por lo sucedido?
Lo que resulta cuestionable es el cambio de discurso: primero se presume el éxito de la operación y después, cuando aparecen las consecuencias, se pretende deslindar responsabilidades. La investigación deberá determinar si hubo irregularidades, quiénes las cometieron y hasta dónde llegaba el conocimiento de los mandos superiores. No se puede condenar anticipadamente a nadie, pero tampoco aceptar explicaciones contradictorias sin exigir pruebas.
Y AHORA, ¿QUÉ VAN A DECIR LOS DEFENSORES DE MARU?
Aquí viene otra pregunta incómoda: ¿qué dirán ahora Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González, Vicente Fox, Alejandro Moreno, Alito, Jorge Romero y los demás representantes de la oposición que salieron a respaldar a la gobernadora? Algunos incluso viajaron hasta Chihuahua para manifestarle su apoyo y cerrar filas con ella.
¿Mantendrán esa misma postura ahora que la propia gobernadora señala a su exfiscal y se deslinda de lo sucedido? ¿Exigirán que se esclarezca la verdad o volverán a guardar silencio cuando el escándalo compromete a una figura de su propio bloque político?
Porque cuando se trata de acusar al gobierno federal, estos personajes suelen exigir explicaciones inmediatas, responsabilidades políticas y hasta renuncias. Pero cuando el problema involucra a los suyos, el discurso cambia y la solidaridad partidista parece pesar más que la exigencia de rendición de cuentas.
Algo parecido ocurre con el caso de Francisco Barrio Terrazas, conocido como Pancho Barrio, ex gobernador de Chihuahua, a quien también se ha vinculado con controversias políticas y deslindes de responsabilidades. Los casos deben analizarse por separado, pero la pregunta sobre la congruencia de los actores políticos sigue vigente.
Maru Campos tiene la obligación de explicar con claridad qué sabía, cuándo lo supo y quién autorizó la participación de los agentes extranjeros. La soberanía nacional y el cumplimiento de la ley no pueden quedar subordinados a la conveniencia de una declaración política.
La lucha contra el narcotráfico no justifica posibles irregularidades, y presumir resultados no exime a ningún gobernante de rendir cuentas.
La oposición, por su parte, también tiene una responsabilidad: demostrar que sus exigencias de transparencia y legalidad no dependen de quién gobierna ni de los colores partidistas.
Al final, la pregunta sigue en el aire: quienes volaron a Chihuahua para proclamar su respaldo a Maru Campos, ¿seguirán defendiéndola o ahora también exigirán que se conozca toda la verdad?
Porque en política, respaldar a alguien cuando todo parece favorable es fácil. Lo verdaderamente revelador es qué se hace cuando llegan las preguntas incómodas y las responsabilidades comienzan a señalar hacia el propio círculo.
La contradicción también alcanza a quienes hicieron de este caso una bandera política. ¿Dónde quedaron los discursos de unidad y respaldo incondicional que se escucharon en Chihuahua? ¿Qué explicación darán ahora quienes se trasladaron hasta esa entidad para arropar a Maru Campos, cuando la discusión ya no gira únicamente en torno al combate al narcotráfico, sino a quién sabía de la presencia de agentes extranjeros y quién debe asumir las responsabilidades correspondientes? El silencio, si llega a producirse, también será una respuesta política.
Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González, Vicente Fox, Alejandro Moreno y Jorge Romero, entre otros representantes de la oposición, tienen la oportunidad de demostrar que sus exigencias de transparencia no dependen de la afiliación partidista de los involucrados. Si consideran que cualquier autoridad debe rendir cuentas, ese principio también debe aplicarse a una gobernadora del PAN. La legalidad no puede exigirse únicamente cuando los señalados pertenecen a un partido contrario.
El problema de fondo es que, mientras el operativo se presentó como un éxito contra la delincuencia, las preguntas sobre la intervención de los agentes estadounidenses quedaron relegadas. Ahora que la situación se ha complicado y la gobernadora apunta hacia su exfiscal, resulta indispensable esclarecer si existió una cadena de autorizaciones, qué información recibió cada funcionario y por qué las primeras explicaciones no resolvieron las dudas. Deslindarse públicamente no equivale a demostrar que se desconocían los hechos.
También debe recordarse que la soberanía nacional no es una consigna que pueda utilizarse selectivamente. La cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad es posible y necesaria, pero debe sujetarse a las leyes mexicanas. Si hubo actuaciones irregulares, deben investigarse sin importar quién las haya permitido. Defender la soberanía exige claridad, documentos y responsabilidades, no solamente discursos políticos que cambian conforme evoluciona el escándalo.
Al final, Maru Campos tendrá que responder ante la ciudadanía con explicaciones verificables, mientras que sus aliados políticos deberán decidir si mantienen su respaldo sin reservas o si están dispuestos a exigir el mismo rigor que reclaman a otros gobiernos. Porque cuando una figura pública presume los resultados de un operativo y después sostiene que desconocía aspectos fundamentales de su realización, las preguntas son inevitables. La política puede ofrecer solidaridad entre aliados, pero esa solidaridad no debe convertirse en un escudo frente a la verdad ni frente a la ley. Pero como siempre, la mejor opinión, es la de Usted.