AMLO modificará la constitución

REDACCIÓN

Hablar sobre el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones ante la problemática que enfrenta, es un arma de dos filos, ya que las opiniones como nunca ha sucedido en la historia están completamente divididas, para algunos, todo lo que hace y piensa el Presidente es negativo y de antemano ya se interpreta como una posición dictatorial; para otros, es lo que realmente estábamos esperando los mexicanos, en cuanto a poner orden en un estado que ha sido dominado por la deshonestidad y los intereses de grandes poderes políticos y empresariales.
Por ello, cabe destacar que la existencia de estos dos grupos completamente antagonistas, por un lado, podría pensarse, que esta situación debería balancear las cosas, sin embargo, no es así ya que el debate público se convierte en una situación que enmarca odio y sinrazón.
Andrés Manuel López Obrador ha realizado acciones en contra de un status quo en el que por muchos años se ha basado el sistema político, social y económico del país, lo que viene a dar al traste con trastocar las entrañas de un “animal herido” que defiende patas arriba el modus vivendi depredador que el propio sistema ha alimentado por tantos años.
El actual mandatario ha echado abajo privilegios que no esperaban los viejos políticos y un ejemplo es quitarle a los ex presidentes sus inexplicables y ridículas pensiones vitalicias.
Pero eso no es todo, ha interrumpido entre otras muchas cosas, grandes negocios de pequeños grupos que gozaban de privilegios mal habidos y que rompen con la estructura establecida. Por un lado, hay que resaltar que muchas decisiones que hoy toma el presidente, son pretensiones ciudadanas que los mexicanos hemos anhelado por mucho tiempo y que ahora que se están realizando, a muchos les da miedo que se lleven al cabo.
Es de todos también conocida, la tremenda corrupción que en el Poder Judicial se ha mantenido intocable en nuestro país y donde aún existen privilegios, sobre todo, de jueces y magistrados que ofenden al grueso de la población y así también de los procesos, que por cierto, en la historia y así ha sido casi siempre, se resuelven al amparo de los grupos de poder dejando indefensos a los mexicanos de “a pie”.
El colmo, se da en estos recientes días cuando después de una resolución legislativa, que aprobó la Reforma presidencial sobre la Energía Eléctrica, la intervención de un solo juez, determina la suspensión de la misma, y no sólo eso, como para Ripley, se da sólo 24 horas después de la resolución aprobatoria de la Cámara de Diputados.
De esta forma, tras esta primera intervención de este juez Gómez Fierro, quien por cierto, ya ha realizado varios amparos más y curiosamente sin petición de los quejosos, supuestamente, se han abierto una serie de polémicas que se interpretan de dos maneras, una que las decisiones de este juez, son parte de un plan concertado por los grupos de poder opositores al régimen actual y el otro que da lugar a actos de posible corrupción anticipada.
La realidad es que los obstáculos políticos y empresariales que enfrenta el presidente Obrador, apuntan a la desestabilización planeada de las fuerzas que aún manifiestan su afán de regresar al poder.
Intereses de empresas extranjeras que ven afectada su estabilidad en México ante reformas pronunciadas por la federación que los limitan ante las jugosas ganancias que proveían gracias a los dudosos contratos en contubernio con las pasadas administraciones.
Por ello y además, López Obrador ha declarado en cierto modo la guerra al Poder Judicial, mostrando a la opinión pública que la justicia no siempre esta en manos de la gente adecuada, por lo que el presidente incluso ha señalado a José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta 2018, quien acusó de haber legalizado “injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho”.
Ante esto además, López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar pidiendo su intervención para se investigue al juez Gómez Fierro y puso en duda su legalidad como tal, y ante ello, así como era de esperarse, el PAN en el Senado acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de emprender una embestida y linchamiento contra jueces y el poder judicial en su conjunto para instaurar un Estado absolutista e imponer su reforma a la Industria Eléctrica que a todas luces—sostuvieron—es inconstitucional.
Pero, no sólo eso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar esquivó demagógicamente la carta del presidente señalando “Es importante informar que no se ha ordenado una investigación, ni se ha abierto, solo se ha tomado esa queja, es normal que lleguen documentos sobre juzgadores, quejándose de su labor. Se turna al área correspondiente, hacen análisis preliminar y se afirma si se está prejuzgando y en caso de que no haya elementos, se deshecha la queja”.
No obstante, Andrés Manuel López Obrador, previniendo esta situación dijo que estaría dispuesto a promover una reforma constitucional si los jueces suspenden de forma definitiva la ley de la industria eléctrica recién promulgada, que ha provocado una serie de amparos de empresas y organismos.
“Sí. Yo estoy convencido de que (la reforma a la ley) no es inconstitucional, pero estaríamos dispuestos a hacer una reforma a la Constitución”, dijo el mandatario.
La situación se agrava en un histórico enfrentamiento entre poderes, y que tal vez necesario, por la añeja corrupción en el Poder Judicial avalada por ex administraciones comprometidas más por intereses mezquinos, que por intereses comunes con los mexicanos. Por ello, el presidente, defiende a toda costa su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, manifestándose también en contra y como un férreo crítico de la reforma energética impulsada el sexenio pasado, ha dicho que la prioridad de su gobierno es fortalecer a las estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acusa que empresas privadas ganan dinero a través de contratos leoninos que solo benefician a ellos.
“Es un asunto de interés nacional, no de la ambición de malandros, fifís. Entonces vamos a seguir con esto. si no, vamos a pagar muy caro por la corrupción”, dijo.
Este episodio de la vida pública del país apenas inicia y esperemos que no sea un punto de quiebra entre estos dos poderes que representan la balanza en un México completamente desbalanceado.

Pero la mejor opinión como siempre, es la de Usted Querido Lector.